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Sábado, 21 Abril 2018

La Xunta deshaucia a un inquilino que debe 1.500€ y no reside en la vivienda

La Xunta trata de recuperar una vivienda en el edificio de Teixugueiras, 15-17 cuyos ocupantes estarían haciendo un uso fraudulento de la misma.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) decretó la resolución del contrato de alquiler el pasado mes de julio

y esta semana notificó a los inquilinos el rechazo de las alegaciones presentadas y su decisión de recuperar el inmueble para entregárselo a un nuevo demandante de vivienda protegida. El órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras reclama a R.C.G. y A.C.G. más de un año de alquiler.

Este es el primer caso de 2013 en el que se recurre a un "desahucio administrativo". Desde Infraestructuras explican que si los inquilinos acreditan que no tienen recursos "se buscan fórmulas para facilitar el pago y evitar la pérdida de la vivienda". En este caso sostienen que además de la deuda de 1.492 euros que acumulaban ya el año pasado, se añade la circunstancia de que "el adjudictario no reside en la vivienda", cuando la normativa exige que los beneficiarios destinen los pisos de la Xunta a vivienda habitual y permanente porque se sobreentiende que no tienen otros recursos.

"La vivienda está vacía y es obligación del IGVS recuperarla", situación que se producirá cuando termine la tramitación del expediente y se obtenga la necesaria autorización judicial. Este será el cuarto inmueble que la administración gallega recupere en su promoción de viviendas sociales de la calle Teixugueiras por impago reiterado de sus inquilinos.

Desde el IGVS añaden que en todos ellos a la deuda contraída con la administración hay que sumar que sus inquilinos no cumplían con las condiciones del contrato, que obliga a mantener ocupadas las viviendas y limita su acceso a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) -unos 800 euros mensuales-.

Los pisos de la Xunta en los edificios 15 y 17 de Teixugueiras se adjudicaron en noviembre de 2010. Un total de 165 en régimen de compra y el resto en alquileres sociales que no superan los 120 euros al mes. A principios de 2012 FARO adelantó que la Xunta había reclamado a docenas de inquilinos las cuotas atrasadas del alquiler, pero por ahora la Xunta cifra en cuatro los casos en los que se decidió "ejecutar la recuperación de la vivienda". "Solo se procede a hacerlo cuando el piso no se usa como vivienda habitual o podemos acreditar que el inquilino tiene recursos", apuntan. En el resto de casos se negoció un pago aplazado de la deuda.

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