Las diligencias abiertas por la Xunta a comienzos del 2003 contra Vigolar y Provifas por supuestas ventas con sobreprecios en Navia fueron negadas siempre por las empresas implicadas. En concreto Vigolar envió en su día, según aseguró, los contratos de todas sus ventas y «nos ceñimos al precio del módulo escrupulosamente; otra cosa es que nuestro cliente pida una segunda plaza de garaje o que algunos precios estén sujetos a la elección de los equipamientos», señaló en su día Pablo Mencía, representante de la firma que promueve en el polígono dos actuaciones. Los futuros vecinos de Navia que ahora inician acciones legales reconocen que sabían que pagan precios por encima del valor oficial, pero que consideraban que las mejoras ofrecidas podían llegar a justificar el valor reclamado «o por lo menos queríamos convencernos de ello, aunque en muchos casos la segunda plaza de garaje no existe ya que es la misma que la que se nos adjudicó en un principio pero al ser larga caben dos coches, uno detrás de otro», relatan. «Pero lo que ya no estamos dispuestos a admitir es que nos hayan prometido una serie de procedimientos financieros que ahora se incumplen y elevan brutalmente el coste del piso». Las viviendas legalmente no pueden ser vendidas ahora por sus compradores para evitar que se especule con pisos supuestamente protegidos.
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