LA RESOLUCION LLEGA 3 AÑOS DESPUES DE LAS DENUNCIAS

La resolución del IGVS llega tres años después de presentarse las denuncias vecinales y se emite justo antes de que se produzcan los relevos en los cargos del Instituto.
En concreto, los vecinos habían presentado las denuncias ante la delegación provincial de la Consellería de Política Territorial el 24 de septiembre y el 3 de diciembre del 2002.
A raí­z de las quejas, la Xunta de Galicia se puso en contacto con todas las promotoras para recordarles el deber de cumplir estrictamente con la ley. Hizo saber que bajo ningún concepto ni disculpa las viviendas protegidas pueden soprepasar los precios estipulados. Pese al tiempo trancurrido hasta emitir la resolución, en aquel momento los responsables del Instituto aseguraban que actuarían de inmediato ante cualquier sospecha y reclamaban a los consumidores que le hicieran llegar cualquier tipo de documentación que pudiera avalar sus denuncias.
También informó que se estaban cotejando los datos con los servicios jurídicos de la Xunta por si procedía enviarlos al fiscal, algo que no llegó a producirse.

GRAVES PROBLEMAS CON LAS HIPOTECAS
Aunque el Instituto da Vivenda estima con su resolución que no hay pruebas suficientes como para dictaminar la existencia de sobreprecios en diversas promociones de Navia, varios inquilinos denunciaron el pasado mes de marzo sufrir graves problemas en la tramitación de sus hipotecas al verse obligados a firmar varios contratos. Hasta dos hipotecas y un crédito personal tuvieron que suscribir algunos de los compradores, según manifestaron, para poder adquirir sus pisos y cubrir el coste legal de los inmuebles, el precio tasado por las plazas de garajes, trasteros y otras mejoras supuestamente adquiridas a mayores. Los perjudicados por dicha práctica, que les obligó a abonar gastos de sendas hipotecas e intereses todavía mayores en el caso de los préstamos personales, exigieron en varios casos a las promotoras compensaciones por dichos motivos. Según los testimonios recogidos por este periódico, en algunos casos se logró una ligera rebaja en el precio pactado, o incluso alguna plaza de garaje a mayores, mientras en otros casos las conversaciones se dilataron hasta el momento de ser entregadas las llaves de los pisos sin modificación de ningún tipo en lo que los afectados consideraban un claro sobreprecio que vulnera los módulos fijados legalmente para viviendas de protección oficial. En los casos citados el pago de la hipoteca pasará al mes de 601 euros a 901, o lo que es lo mismo de 100.000 a 150.000 pesetas.

LOS VECINOS ESTUDIAN LA POSIBILIDAD DE RECURRIR LA DECISION.
Los vecinos estudian la posibilidad de presentar alegaciones a la resolución del IGVS. Para ello es fundamental aportar pruebas que avalen los intentos de algunos promotores de vender las viviendas con sobreprecios. Algo, por otra parte, difícil, ya que habitualmete las ofertas se hacían llegar de forma verbal. Este hecho fue precisamente decisivo para que muchos consumidores desistieran en su día de denunciar. Otros optaron por recurrir al Valedor do Pobo, quien respondió que no era un asunto de su incunbencia.
La federación vecinal exigió en su momento una investigación a fondo del tema. La entidad animó a la administración autonómica a actuar como promotora para garantizar las ventas y evitar este tipo de especulaciones.
Mecanismos
Para la federación viguesa existen mecanismos apropiados para evitar estos casos y, pese a no estar esclarecidos, el Instituto Galego debe ponerlos en marcha.
Expertos en gestión urbanística son conscientes de la existencia de muchos flecos sueltos, que es necesario atar para no tentar a las promotoras. Creen que las soluciones deben ser técnico-jurídicas.
En cualquier caso, tanto vecinos como técnicos coinciden en señalar que situaciones como las denunciadas en Navia dan lugar a inseguridad y fomentan la desconfianza entre los consumidores.
El de Vigo no fue el único caso, también en Santiago se detectaron sobreprecios que superaban un 20% eltope legal.
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