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El portavoz Guillermo Vivero explicó ayer que se habían quejado de la lenta marcha del caso, que denunciaron en diciembre del 2006. Argumentan que la Justicia no ha efectuado todas las diligencias que pidieron para investigar las presuntas irregularidades en el cobro de sobreprecios que la red de intermediarios justificaba como el coste de los arreglos.
El Poder Judicial les dio una respuesta «light». El alto órgano no vio anomalías y consideró que, a juzgar por el voluminoso expediente, el plazo de tiempo era razonable. «Lo que no tienen en cuenta es que ese expediente no es fruto de las actuaciones judiciales sino que esas gestiones y la búsqueda de pruebas fueron realizadas a petición nuestra. Nos duele la indolencia con que nos tratan», dice. Vivero añadió que la Justicia «no ha querido investigar lo suficiente» porque, por ejemplo, no citó a declarar al alto cargo de la promotora, el político popular Telmo Martín, o tampoco computó en el caso los tres millones de euros que la firma abonó a la Agencia Tributaria a posteriori, en una práctica perfectamente legal conocida como declaración complementaria.
La investigación está prácticamente concluida y el juzgado de Instrucción número 2 da por cerrado el caso. Ahora, la jueza debe decidir si archiva el caso o si cursa la vía penal. «Queremos ir a juicio y si los promotores perpetraron un delito que nos paguen», dijo Vivero ayer en Navia.
Advierte que los dueños de los pisos «también estamos en crisis y la sufrimos más».
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