Pena dan los vecinos de Navia obligados a pagar dinero negro a la constructora de sus viviendas de protección oficial y precio tasado. Dos años llevan esperando que el juzgado de Instrucción número 2 de los de Vigo decida si avanza con su denuncia o la rechaza. El pasado jueves, estos señores se concentraron en su barrio, vestidos con camisetas alusivas a la estafa, condenados a hacer payasadas para llamar la atención, para que no olvidemos que son víctimas, no sólo de una promotora sin escrúpulos, sino también de una Justicia que no funciona.
El problema es tan patético que las víctimas ni siquiera pretenden que les den la razón. Simplemente, quieren que la Justicia decida. Porque, si archiva el caso, y cierra la vía penal, podrían continuar por la civil. Hablando en plata, quieren que dejen de marearles. Porque resulta indecente, y un auténtico atropello a la democracia, tener que esperar dos años para que te digan si se archiva tu demanda o no. Alguno de los portavoces del colectivo, sin duda tenso por la situación, llegó a insinuar que la jueza -no entiendo por qué, en femenino, no se dice también "juez"- tenía filiaciones políticas para demorar el caso. Pero, francamente, no resulta creíble. Honestamente, supongo que su señoría estará también abochornada por el retraso y que pensará, como sé que piensa algún juez que conozco, que es indecente la demora que acumula la Justicia en este país. Los juzgados de Vigo no tienen espacio. La Ciudad de la Justicia, tantas veces anunciada, tiene para este año una consignación presupuestaria que no da ni para hacer puñetas. Mucho menos, para comprar terrenos, diseñar edificios ni mucho menos construirlos. La Sección Sexta de la Audiencia en Vigo acumula doce meses de retraso para resolver un recurso. Simplemente, por falta de personal. No hay magistrados suficientes. Y se especula con designar a uno nuevo, cuando todos los profesionales afirman que, como mínimo, harán falta dos. Ésa es la miseria de Justicia que tenemos en nuestra ciudad, donde dan ganas de llorar si piensas en los juzgados de lo Mercantil, y su impresentable reparto entre Vigo y Pontevedra, entre donde están las empresas y donde, no. Pena dan los vecinos de Navia que se sienten estafados por el promotor que les cobraba sobreprecios en viviendas protegidas. Y lo hacía, además, en dinero negro, en sobre, para no pagar impuestos con que se podría financiar, por ejemplo, una mejor Justicia. Mientras esperan desesperados, mientras pagan las cuotas de los préstamos personales que tuvieron que pedir para ennegrecer el dinero, estos vigueses son doblemente estafados. Que estas demoras, que estos retrasos eternos y lesivos para las víctimas, lleguen a parecernos normales es lo más dramático del caso. Es, para decirlo con mayúsculas, el colmo de la Injusticia.
Comentarios