VIVIENDA ABRE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A CONSTRUCUATRO.

La promotora de Telmo Martí­n, expedientada por el cobro de sobreprecio en viviendas protegidas.
El Departamento autonómico también abrió expediente sancionador a dos agencias inmobiliarias de Vigo, como presuntas colaboradoras en el cobro de sobreprecios.
Tras la toma de declaraciones, 21 propietarios aseguran tener pagado un sobreprecio que oscila entre 12.000 y 42.000 euros.
La promotora puede ser sancionada con una multa de 1 M€, la devolución íntegra de las cantidades indebidamente percibidas y la inhabilitación para construi­r vivienda protegida durante seis años.
La consellería de Vivenda e Solo abrió un expediente sancionador a la empresa promotora del edificio de 96 viviendas protegidas ubicado en la calle Teixugueiras número 25 del polígono de San Paio de Navia (Vigo) y a dos agencias inmobiliarias, también del Concello de Vigo, como presuntos responsables de la percepción de sobreprecios en la compraventa de vivienda protegida. El Departamento autonómico considera que la documentación y las declaraciones por escrito recabadas durante la fase de investigación muestran indicios suficientes para abrir este expediente de sanción, que resolverá en el plazo máximo de seis meses.
El pasado 23 de agosto, la Delegación Provincial de Pontevedra recibió dos denuncias por escrito, en las que los denunciantes aseguraban haber pagado un sobreprecio de entre 21.000 y 33.000 euros a la empresa promotora del edificio de Teixugueiras 25, como condición para llevar a cabo la venta del piso. El día 28 de agosto, el delegado provincial, - como órgano competente-, decidó iniciar un expediente de investigación, con actuaciones previas e información reservada, en base a las dos denuncias presentadas, a las que se sumaría una tercera denuncia con fecha 4 de septiembre por un sobreprecio de 31.000 euros.
Tras la apertura del expediente de investigación el 28 de agosto, la Delegación Provincial llamó a declarar a los 87 propietarios de los 96 pisos del inmueble de Teixugueiras 25, -9 viviendas están sin vender-. Tras la toma de declaración por parte del instructor, 21 propietarios denuncian, y así­ consta en las declaraciones por escrito que obran en poder de la Consellería, un presunto cobro de sobreprecios que oscila entre 12.000 y 42.000 euros, del que resulta un sobreprecio medio de 29.000 euros.
Según los declarantes, la entrega del sobreprecio se efectuaba antes de firmar el contrato de compraventa. Por supuesto, las cantidades que superan el precio legal de venta no figuraban en el contrato de compraventa, que es el documento que se presenta en la Delegación Provincial para su visado, y que posteriormente se eleva a escritura pública.

En todas las declaraciones firmadas por los propietarios, éstos denuncian haber sido obligados a pagar un sobreprecio bajo la coacción de que, en caso contrario, no se les vendería la vivienda. En ningún caso, pese a ser solicitado, se les facilitó recibo alguno por parte de los responsables de la promotora, o por parte de los responsables de las agencias inmobiliarias que tendrían actuado como intermediarios, según declaran los compradores.
La Consellería de Vivenda e Solo continúa con la investigación que, tras la toma de declaración a los propietarios, hizo extensiva a todas las personas mencionadas por éstos como intermediarios de los presuntos cobros de sobreprecios y también a sus responsables de la empresa promotora del inmueble.
Una vez finalizadas todas las actuaciones que se estimen oportunas, la Consellería de Vivenda e Solo remitirá el contido del expediente al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, ya que, a diferencia de otras investigaciones de sobreprecios también en Navia, en este caso existe una denuncia presentada por la vía penal cuya resolución prima sobre la vía administrativa.
En cualquier caso, la espera del anuncio judicial, y de confirmarse el expediente de sanción, estamos ante una falta muy grave cuyas sanciones están tipificadas en el articulo 55, artí­culo 56 y artículo 57 de la actual Ley de Vivienda de Galicia de 2003.
Con la normativa en vigor, la Consellería solicitará la devolución íntegra de todas las cantidades indebidamente percibidas, e impondrá una sanción a la promotora que, a día de hoy, cifra en 978.800 euros. La empresa, además, quedaría inhabilitada para construi­r vivienda protegida durante seis años. Registro Único Demandantes de Vivenda Protegida.
Las 96 viviendas que integran el edificio Teixugueiras número 25 de San Paio de Navia, son viviendas protegidas de protección autonómica (VPA) con un precio que oscila entre los 104.000 y 146.000 euros en función de la superficie, cantidad a la que hay que añadir una media de 21.000 euros en concepto de garaje y trastero.
En la actualidad, la empresa promotora tiene sin vender 9 viviendas, -8 destinadas a familias numerosas y un piso adaptado para personas con mobilidad reducida-. Tras la entrada en vigor del Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida el pasado 7 de febrero, esas 9 vivendas ya pasan a ser adjudicadas directamente por la Consellería a través de este Registro, lo que corta de raí­z cualquier posibilidad de imponer sobreprecios por parte de la promotora o de cualquier intermediario en el acto de compraventa.
Con el nuevo sistema, es la Consellería la que adjudica las viviendas tras celebrar un sorteo ante notario entre todos los demandantes inscritos en el Registro Único cuya solicitud se adapte a las características de la promoción de viviendas que se sortea. Tras ese sorteo, sale una lista de adjudicatarios provisionales, compuesta por tantos beneficiarios como número de viviendas disponibles, y una lista de reserva. Una vez comprobado que los adjudicatarios provisionales presentan la documentación que garanticen que cumplen los requisitos de demandantes de vivienda protegida, la lista provisional para a ser definitiva.
Esta lista definitiva de beneficiarios es la que se entrega a la empresa promotora para que formalice los contratos de compraventa, haciendo imposible que se repitan situaciones en las que se amenaza a los demandantes con llamar a otro comprador interesado si no pagan sobreprecio. La única lista válida es la que facilita la Administración pública.
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