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Martes, 07 Diciembre 2021

Propuesta de sanción para Construcuatro



La Xunta ha emitido una "propuesta de sanción" para la constructora Construcuatro al considerar probado el sobreprecio cobrado a compradores de vivienda protegida en un edificio del barrio vigués de Navia, según ha informado el abogado de los afectados, Antonio Salceda.

El letrado ha indicado que la resolución señala el abono de una multa de 2.470.002,02 euros (equivalente al doble de los sobreprecios) y la devolución, a los propietarios de los pisos, de 1.235.000,01 euros correspondientes a los citados sobreprecios, lo que hace un total de 3.705.002,03 euros.

En una rueda de prensa, Antonio Salceda ha explicado que la Xunta, basándose en un informe de un perito de Hacienda realizado durante el proceso judicial que en su día se abrió por este caso --por la vía penal, y que quedó finalmente archivado, si bien se estimó probado el sobreprecio--, ha considerado ratificado que se cobró "sobreprecio" en un total de 62 viviendas y que hubo otras 25 en las que no se cobraron estas cantidades adicionales. "Yo, personalmente, creo que puede haber más de 62 viviendas con sobreprecios", ha apuntado el letrado, quien estima que estas personas no denunciaron por posibles "miedos o presiones".

Salceda ha afirmado además que será Construcuatro la que tenga que abonar las cantidades, si bien ha explicado que la resolución de la Xunta --que aseguró haber recibido el jueves-- indica, además, que los socios de la empresa José Manuel Torres García y Eugenio Sobral Fernández son "responsables solidarios" --no cita al otro socio, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra, Telmo Martín--. De esta forma, ha explicado que, de ser necesario, estas dos personas responderían con sus propios bienes, de forma que "se asegura un poco más el cobro" de la devolución de los sobreprecios por parte de los perjudicados.

Además de hacerse una propuesta del abono de las citadas cantidades --las normativas indican que la sanción en estos casos ha de ser al menos el doble del sobreprecio--, la resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, plantea una prohibición por un periodo de 6 años de efectuar promociones de vivienda protegida tanto a Construcuatro como a Torres y Sobral. Por otra parte, se archiva el caso al respecto de las inmobiliarias Silva y Veiga.

Proceso
El abogado de los afectados ha recordado el proceso seguido hasta llegar a la propuesta de la Xunta e indicó que, una vez que se archivó el caso por la vía penal, se entregó el 11 de enero de 2010 una documentación a la consellería y se acordó retomar el expediente administrativo sobre este caso --ya que había quedado paralizado al abrirse la vía judicial--.

Así, ha destacado que el proceso judicial ha sido muy importante ahora para la vía administrativa, puesto que la resolución donde la Xunta hace su propuesta de sanción se basa en la documentación realizada por un perito de Hacienda sobre las distintas cantidades adicionales que habían sido pagadas por los propietarios de las viviendas y que confeccionó partiendo de que Construcuatro, en su momento, y para "evitar un delito fiscal", había realizado una declaración complementaria declarando ingresos en unas cantidades que "se correspondían prácticamente" con los sobreprecios denunciados.

Asimismo, el letrado indica que en el documento que recibió el jueves de la Xunta se dice que "es injustificable" que se hayan cobrado cantidades adicionales de sobreprecios alegando que se hayan confeccionado mejoras en los pisos, ya que éstas "no existen" y, además, las citadas mejoras tendrían que haber afectado a todos los vecinos y no a unos sí y a otros no.

Alegaciones
A partir de ahora, según explica el letrado --que representa a vecinos que denunciaron, los primeros en 2006, sobreprecios por cantidades de hasta 35.000 euros--, una vez recibida esta propuesta de sanción, las partes disponen de un plazo de 15 días para realizar sus alegaciones, con vistas a la posterior emisión de la resolución firme.

En este sentido, en lo que respecta a la parte de afectados, explica que en primer lugar se consultará y analizará la totalidad de documentación sobre el expediente y, además, se comprobarán las cantidades de sobreprecio, puesto que es probable que existan diferencias entre la propuesta y lo que demandan los afectados. Así, se realizarán las alegaciones y "en cuestión de meses" el expediente de la Xunta alcanzará el carácter definitivo, con posibles variaciones a raíz de lo que aleguen las partes.

No obstante, ha recordado que cuando la resolución de la Xunta sea firme queda la posibilidad de que Construcuatro acuda a la vía contencioso-administrativa para recurrir la decisión. De darse esta posibilidad, el abono de las cantidades a los afectados quedaría paralizado hasta que hubiese sentencia, lo que podría suponer, según sus cálculos, un plazo de unos 3 años.

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