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Jueves, 02 Diciembre 2021

DESESPERADOS EN NAVIA

1 Pena dan los vecinos de Navia obligados a pagar dinero negro a la constructora de sus viviendas de protección oficial y precio tasado. Dos años llevan esperando que el juzgado de Instrucción número 2 de los de Vigo decida si avanza con su denuncia o la rechaza. El pasado jueves, estos señores se concentraron en su barrio, vestidos con camisetas alusivas a la estafa, condenados a hacer payasadas para llamar la atención, para que no olvidemos que son ví­ctimas, no sólo de una promotora sin escrúpulos, sino también de una Justicia que no funciona.

El problema es tan patético que las ví­ctimas ni siquiera pretenden que les den la razón. Simplemente, quieren que la Justicia decida. Porque, si archiva el caso, y cierra la ví­a penal, podrí­an continuar por la civil. Hablando en plata, quieren que dejen de marearles. Porque resulta indecente, y un auténtico atropello a la democracia, tener que esperar dos años para que te digan si se archiva tu demanda o no.
Alguno de los portavoces del colectivo, sin duda tenso por la situación, llegó a insinuar que la jueza -no entiendo por qué, en femenino, no se dice también "juez"- tení­a filiaciones polí­ticas para demorar el caso. Pero, francamente, no resulta creí­ble. Honestamente, supongo que su señorí­a estará también abochornada por el retraso y que pensará, como sé que piensa algún juez que conozco, que es indecente la demora que acumula la Justicia en este paí­s.
Los juzgados de Vigo no tienen espacio. La Ciudad de la Justicia, tantas veces anunciada, tiene para este año una consignación presupuestaria que no da ni para hacer puñetas. Mucho menos, para comprar terrenos, diseñar edificios ni mucho menos construirlos.
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LA JUSTICIA RECHAZA EL RECURSO DE AMPARO DE LOS AFECTADOS DE CONSTRUCUATRO

1 Los damnificados se quejan de la «indolencia» para que avance el caso Construcuatro.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó el recurso de amparo que presentaron la treintena de propietarios afectados por los supuestos cobros en dinero negro en pisos protegidos del polí­gono de Navia construidas por la promotora Construcuatro. Los 32 perjudicados reclaman a los constructores 832.000 euros por el dinero de más que, bajo engaño, pagaron por el precio tasado de sus viviendas. Además, calculan otros 200.000 euros del dinero que se ahorró la constructora al no ejecutar una obra ejecutada.


El portavoz Guillermo Vivero explicó ayer que se habí­an quejado de la lenta marcha del caso, que denunciaron en diciembre del 2006. Argumentan que la Justicia no ha efectuado todas las diligencias que pidieron para investigar las presuntas irregularidades en el cobro de sobreprecios que la red de intermediarios justificaba como el coste de los arreglos.
El Poder Judicial les dio una respuesta «light». El alto órgano no vio anomalí­as y consideró que, a juzgar por el voluminoso expediente, el plazo de tiempo era razonable. «Lo que no tienen en cuenta es que ese expediente no es fruto de las actuaciones judiciales sino que esas gestiones y la búsqueda de pruebas fueron realizadas a petición nuestra. Nos duele la indolencia con que nos tratan», dice. Vivero añadió que la Justicia «no ha querido investigar lo suficiente» porque, por ejemplo, no citó a declarar al alto cargo de la promotora, el polí­tico popular Telmo Martí­n, o tampoco computó en el caso los tres millones de euros que la firma abonó a la Agencia Tributaria a posteriori, en una práctica perfectamente legal conocida como declaración complementaria.
La investigación está prácticamente concluida y el juzgado de Instrucción número 2 da por cerrado el caso. Ahora, la jueza debe decidir si archiva el caso o si cursa la ví­a penal. «Queremos ir a juicio y si los promotores perpetraron un delito que nos paguen», dijo Vivero ayer en Navia.
Advierte que los dueños de los pisos «también estamos en crisis y la sufrimos más».

 

Video extraido de: agalega

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LOS AFECTADOS POR CONSTRUCUATRO PIDEN AMPARO AL CGPJ

1 Creen que la jueza y la fiscalí­a del caso que investiga a la empresa Construcuatro «no han actuado con toda la diligencia que el procedimiento requerí­a».
Los treinta denunciantes por supuestos sobreprecios en un edificio de protección oficial en el barrio vigués de San Paio de Navia pedirán amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque la jueza y la fiscalí­a «no han actuado con toda la diligencia que el procedimiento requerí­a».
En conferencia de prensa, el portavoz de los afectados, Guillermo Vivero, argumentó que ese amparo del CGPJ se debe a la actuación del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo y al Ministerio Fiscal en este proceso.
Los supuestos sobreprecios los llevó a cabo la constructora y promotora «Construcuatro» en esos pisos de protección oficial.
Vivero señaló que esta nueva iniciativa la llevarán adelante porque «pasa el tiempo» y los afectados siguen siendo los únicos perjudicados de ese presunto sobreprecio que asciende a cerca de un millón de euros pagados por la treintena de vecinos.
Los afectados también lamentaron que uno de los máximos responsables de «Construcuatro» y el actual portavoz del PPdeG en Pontevedra, Telmo Martí­n, todaví­a no haya declarado ante la jueza, a pesar de que lo habí­an citado el pasado mes de marzo.
Los afectados por estos sobreprecios recordaron que el juzgado tiene en su poder tanto documentación original de contratos realizados con «Construcuatro» como movimientos bancarios, pero que, a pesar de ellos, el proceso sigue alargándose en el tiempo con el perjuicio que les sigue ocasionando.
Vivero afirmó que los delitos que pueden imputarse en este proceso son uno de maquinación para la alteración del precio de bienes de primera necesidad, otro delito de coacciones y amenazas, así­ como delitos de fraude fiscal y contra la Hacienda Pública.
Asimismo, criticó la actitud de la Consellerí­a de Vivienda, por ser parte interesada y no haberse personado en el procedimiento penal.

Video extraido de: agalega

{aviremote}http://www.agalega.info/videos/enlace/tvg220080425194921.asx{/aviremote}
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LA PLANA MAYOR DEL BNG VISITA EL EDIFICIO DE LA XUNTA.

1 El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, la Conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, el teniente de alcalde de Vigo, Santiago Dominguez Olveira y el Delegado de Vivienda en Pontevedra, Eudosio Alvarez, visitaron en la mañana de ayer jueves 03/07 el edificio que la Xunta de Galicia a través del Instituto de Galicia de Vivenda e Solo (IGVS) está construyendo en el PAU de Navia, edificio de 384 viviendas protegidas, acto que aprovecharon para hacer balance de la política social de vivienda en estos 3 años de legislatura.
Como en esta web interesa únicamente lo dicho y comentado sobre Navia y este edificio se trascribirá únicamente esos datos, dejando el resto de comparecencia para otros medios de comunicación ya que no es labor de esta página promocionar actos y hechos políticos.

Para Anxo Quintana, el edificio que se está construyendo en Navia es un claro ejemplo de la política social impulsada desde el gobierno de la Xunta de Galicia, que hace una apuesta decidida por la vivienda protegida.
La Conselleira Teresa Taboas señaló y destacó la creciente demanda de este tipo de viviendas como demuestra la cifra de 20.000 demandantes inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda protegida en sólo quince meses.
El edificio que construye la Xunta, es el más grande de todo el PAU, con 384 viviendas se lleva la palma, y está prevista su finalización y entrega dentro de aproximadamente un año, a mediados del 2009. Toda esa adjudicación se realizará previo sorteo entre los demandantes inscritos en el Registro Único que cumplan los requisitos requeridos.
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CONSTRUCUATRO CONFIESA QUE COBRO 3,8 MILLONES EN SOBREPRECIOS.

1 Los afectados quieren llevar a declarar a 43 vecinos del mismo edificio de Navia y al constructor Telmo Martí­n.
Los dos socios de Construcuatro que declararon en el juzgado de Instrucción número 2 de Vigo hace una semana admitieron que la firma recaudó un total de 3,8 millones de euros en sobreprecios. Ambos justificaron el suplemento en dinero negro para poder financiar la mejora de las calidades en los edificios protegidos cuyo precio es fijo por ley.
Esta confesión se desprende de la documentación que aportaron los implicados al juzgado y a la que tuvo acceso la parte denunciante. De dicha suma, 832.100 euros corresponden al dinero en B que cobró la empresa a los 31 propietarios de la calle Teixugueiras que luego denunciaron las supuestas coacciones y estafas. Estos fueron presionados para entregar en dos dí­as cantidades entre 12.000 y 46.000 euros en dinero negro o de lo contrario perderí­an su opción a comprar un piso que resultaba sustancialmente más barato que en el mercado libre.
Otros 1,2 fueron abonados por 43 residentes del mismo inmueble y que nunca han denunciado, aunque los afectados quieren que la jueza los llame a declarar para certificar el alcance de la supuesta estafa. Hay otros 14 vecinos que no tuvieron que pagar dinero en B; la mayorí­a porque son primeros pisos y otros, según los denunciantes, gracias a sus lazos de amistad con los implicados.
Otros 1,8 millones fueron cobrados a candidatos que están en lista de espera para comprar otros pisos protegidos y cuya ubicación no ha trascendido.
Cumplir con Hacienda
La estrategia de confesar todo el dinero cobrado en B tiene su lógica legal. Prueba de ello es que Construcuatro presentó una declaración complementaria a Hacienda para evitar incurrir en un delito fiscal y reducir el castigo a una multa o recargo. Con este fin, el 22 de junio del 2007, varios meses después de tener noticia de que los vecinos les habí­an denunciado, Construcuatro presentó al fisco una declaración complementaria correspondiente al 2006 en la que admití­a que habí­a cobrado 1,55 millones de euros de más en el edificio de Navia y otros 2,27 millones en otras promociones. En compensación, pagaron un recargo por su retraso en cumplir con Hacienda.
La jueza de Instrucción 2 está a la espera de que la Agencia Tributaria le entregue un informe pericial sobre las cuentas fiscales de Construcuatro.
Los afectados también piden que declare el empresario Telmo Martí­n, tercer socio del consejo de administración de la firma.
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