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Jueves, 21 Junio 2018

REABIERTO CAUSA ADMINISTRATIVA A CONSTRUCUATRO

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Hernández reabre el expediente a Telmo Martín por sobreprecios en Vigo

El archivo judicial devuelve el caso Construcuatro a la vía administrativa

Al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, no le ha quedado otro remedio que tomar una decisión probablemente dolorosa: expedientar a su compañero de partido y amigo personal, Telmo Martín, por el presunto cobro de sobreprecios en viviendas sociales de Navia, en Vigo. Una vez confirmado el archivo de la causa judicial, al no encontrar la Audiencia Provincial de Pontevedra materia penal en el caso, la Xunta ha levantado la suspensión de la causa administrativa contra Construcuatro, que puede acabar en una multa de un millón de euros, la devolución de las comisiones ilegales y la inhabilitación para edificar vivienda protegida durante seis años.

La inmobiliaria se expone a un millón de multa y devolver las comisiones

Fue la Consellería de Vivenda, entonces dirigida por la nacionalista Teresa Táboas, la que abrió en septiembre de 2007 el expediente a Construcuatro, la inmobiliaria que pertenece en un 33% al presidente local del Partido Popular de Pontevedra. La razón era la investigación abierta por un juzgado de Vigo, basada en las denuncias de 32 compradores de viviendas que pagaron hasta 33.000 euros de más para hacerse con los pisos protegidos. Pero las propias indagaciones judiciales, que pasaron después a la Audiencia Provincial, obligaron a Vivenda a "suspender" el expediente en julio de 2008.

A pesar de que el caso fue archivado en primera instancia, el anterior Gobierno vio en la investigación judicial un respaldo a favor de aplicar la máxima sanción a Construcuatro. Esta opinión se sustenta en que el auto incluía entre los hechos probados y avalados por las pruebas practicadas el cobro de sobreprecios, aunque descarta delitos penales por considerar que no medió violencia, amenaza o engaño.

También el auto que dictó posteriormente la Audiencia Provincial constató que, aunque los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, sí aparecían en los libros de contabilidad y facturas de la constructora. Sin embargo, la resolución reza: "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". Y descarta "cualquier tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal".

Pero las consideraciones de tipo penal tendrán poca relevancia en el expediente administrativo, que se basa en si hubo o no sobreprecios, tal y como se desprende de la investigación judicial. Así, el informe policial encargado por el juzgado de instrucción señala que, de las conversaciones grabadas, "se deduce claramente que esa cantidad de dinero negro sería repartida entre el intermediario, José García Tilve, y Construcuatro, de manera que la empresa se llevaría unos 20.000 euros por la venta de cada piso". Esa cantidad, sumada a lo recabado por el intermediario, supondría un 20% del total del precio oficial de los pisos de Construcuatro en Navia, ubicados en el número 25 de la calle Teixugueiras.

De concretarse las propuestas de sanciones, no sería la primera vez que la Administración autonómica multa a una inmobiliaria y le impide construir vivienda protegida. Ocurrió con la sociedad Vigolar, que también cobró sobreprecios en el mismo polígono vigués de Navia.

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LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS

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Tras la resolución en el día de ayer por el cual se aprueban las listas provisionales para las 343 viviendas sociales que la Xunta de Galicia está construyendo en Navia, a continuación se adjunta dicho listado para que cualquier usuario pueda consultarlo.

Felicidades a todos aquellos adjudicatarios!!!

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AFECTADOS DE CONSTRUCUATRO SOLICITAN A VIVENDA QUE REABRA EL EXPEDIENTE

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Tras el archivo de la causa, los compradores de los pisos critican que la Justicia "no funciona".

No entienden que la Audiencia Provincial haya archivado la causa contra Construcuatro por los supuestos sobreprecios en la venta de viviendas protegidas en el PAU de Navia. Pero no se rendirán. Los afectados por este caso ya han enviado al Instituto Galego de Vivenda e Solo (dependiente de la Xunta) más de mil folios de documentación y un escrito en el que le solicitan que reabra el expediente a la constructora que en su día paralizó al iniciarse el proceso judicial. Los vecinos no pueden recurrir por la vía penal, por lo que han decidido acudir a la administrativa, según señala el abogado que los representa.
Guillermo Vivero, portavoz de los afectados, considera que la Justicia "no funciona". "Ha fallado, está claro que el pez grande se come al pequeño", añadió. Guillermo quiere dejar claro que tanto él como otra persona afectada por los supuestos sobreprecios acudieron a los juzgados "antes de pagar el dinero". Este vigués señala que en los argumentos del último auto de la Audiencia "da la sensación de que nos han investigado a nosotros en lugar de a la empresa".
El abogado de los vecinos asegura que las cuantías que Construcuatro supuestamente ingresó a mayores "ascienden a una cantidad del orden de 1,4 millones de euros". "La propia constructora reconoció que había cobrado sobreprecios en el juzgado. ¿Cómo no va a haber un delito aparente?", se pregunta el representante legal de los afectados, quienes afirman que han sido "engañados, estafados y coaccionados".
Los afectados confían en que el IGVS "haga su trabajo" e imponga una sanción a Construcuatro, una multa económica que podría alcanzar el millón de euros de llegarse a ordenar. "La Audiencia considera que no hubo suficiente engaño. ¿Cómo se mide el engaño? Nosotros sólo queríamos acceder a una vivienda. El mundo está al revés", finaliza Guillermo Vivero.

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APROBADA LA LISTA PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS DE LAS VIVIENDAS SOCIALES

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La Comisión Provincial de Vivienda aprobó ayer día 27 la lista provisional de adjudicatarios de 343 viviendas de promoción pública que el Instituto Galego da Vivenda e Solo está construyendo en San Paio de Navia.
Ahora, se abre un plazo de un mes para la presentación de reclamaciones por parte de los solicitantes que puedan considerarse perjudicados. Pasado este plazo, y una vez resueltas las reclamaciones, la Comisión Provincial de Vivienda deberá aprobar la lista definitiva.

La mayor parte de las viviendas adjudicadas provisionalmente disponen de tres dormitorios y superficies útiles entre 79 y 81 metros cuadrados. Cumplen estas condiciones un total de 159 viviendas, a las que se suman otras 12 que, contando con los mismos tres dormitorios, su superficie útil está entre 87 y 88 metros cuadrados, ya que se trata de viviendas adaptadas y reservadas para personas con movilidad reducida.

Con dos dormitorios (superficie entre 62 y 65 metros cuadrados) hay un total de 91 viviendas y con cuatro dormitorios (entre 88 y 90 metros cuadrados de superficie útil) un total de 81 viviendas.

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LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONFIRMA EL ARCHIVO DEL CASO CONSTRUCUATRO.

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La Sección Quinta ratifica el auto de la juez instructora en el que se señalaba que el proceder de la empresa no es constitutivo de delito.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado el archivo de la causa contra Construcuatro por los supuestos sobreprecios en la venta de viviendas protegidas en la calle Teixugueiras del polígono de Navia. El auto ratifica íntegramente el dictado en noviembre de 2008 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, cuya titular constató que hubo cantidades entregadas a mayores, pero no vio “engaño suficiente” que obligase a los afectados a comprar el inmueble, remitiendo el caso a la vía administrativa.
El auto que acaba de dictar la Sección Quinta de la Audiencia Provincial desestima la petición realizada por el abogado de los afectados y atiende a la que plantearon tanto la defensa como la Fiscalía, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Igual que la magistrada de Instrucción, la Audiencia entiende que el proceder de la constructora no es constitutivo de delito, por lo que ratifica el sobreseimiento de un caso que se inició en diciembre de 2006 y que no estuvo exento de polémica por las constantes denuncias de los afectados por la “lentitud” con la aseguraban que se tramitaron las diligencias. La denuncia fue realizada en el juzgado de guardia por un grupo de 32 compradores de pisos con la calificación de Viviendas de Protección Autonómica de Precio Tasado, quienes entregaron a mayores cantidades que oscilaron entre los 9.000 y casi 31.000 euros en concepto de “mejoras”. Estas cantidades no constaban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad y facturas de la constructora de la que es socio el portavoz del Partido Popular de Pontevedra Telmo Martín.

Delitos

Los demandantes acusaban a los responsables de la constructora de delitos de estafa fiscal, coacciones y maquinación para alterar el precio de las cosas, pero para la titular del Juzgado de Instrucción número 2 y para la Audiencia Provincial de Pontevedra, de lo investigado no se desprende que Construcuatro incurriese en “conducta alguna de relevancia penal”.
Y esto es así porque, tal y como se señalaba en el auto ahora confirmado, “todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las citadas viviendas y a ese precio, tal y como estaba en el mercado”. En este sentido, los tribunales descartan la existencia “de cualquier tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal”. Además, se incide en que los compradores no desconocían el precio real de venta de los inmuebles ya que, con anterioridad de comparecer a firmar una compraventa privada, disponían de esta información.
Los afectados se concentraron en diversas ocasiones para exigir que se agilizara el procedimiento judicial, al considerar que la resolución se estaba demorando en exceso. La demanda tardó en instruirse casi dos años y en una primera fase las actuaciones fueron secretas. Los demandantes reclamaban la devolución de más de 832.000 euros e insistieron en todo momento en que la empresa les “obligó y coaccionó” a pagar los sobreprecios en el polígono, un criterio que finalmente no han compartido los tribunales.

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