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Martes, 23 Enero 2018

SANCIÓN A PROVIFAS POR COBRO DE SOBREPRECIOS

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La Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo acaba de publicar la resolución del procedimiento sancionador ES-P-0018/09 instruido contra la entidad Promoción de Viviendas Fandiño e Suárez, S.L. (Provifás, SL) por una infracción en materia de vivienda consistente en la venta de pisos de protección oficial con un precio superior al marcado como importe máximo en la declaración definitiva como vivienda de protección autonómica en el PAU de Navia.
Para ello, el IGVS sanciona a Provifás en los siguientes términos:

  • Multa de 121.597,28€
  • Obligación a reintegrar a cada uno de los denunciantes-adquirientes de las viviendas las cuantías resultantes de la diferencia entre el precio facturado y el importe de la vivienda en la declaración definitiva como vivienda de protección autonómica, ascendiendo la cuantía total a 60.798,64€.
  • Inhabilitar a la entidad promotora y a su administrador Antonio Fuentes Fandiño para participar en promociones de viviendas de protección oficial o declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Galicia durante el plazo de seis años.

El edificio de dos bloques, ubicado en Teixugueiras 8 y 10, fue entregado en el año 2006, y tras la entrega 7 de sus propietarios denunciaron a la promotora por el cobro de sobreprecios, por una cantidad de 8.685,52€ cada uno.

Tras este anuncio, después de la sanción impuesta a la promotora Vigolar, ya son 2 las promotoras que han construido en el PAU que han recibido sanción administrativa en firme. La tercera que también han denunciado, por el momento no ha recibido sanción alguna ya que hay que recordad que los denunciantes de Construcuatro decidieron acudir en un principio por la vía penal.

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SORTEO DE LAS VIVIENDAS DE LA XUNTA

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Todos los adjudicatarios de las viviendas públicas que la Xunta está construyendo en el barrio conocerán durante esta semana la vivienda que les corresponde.

Durante el día de ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles se producirán en el salón de actos de la Delegación en Vigo de la Xunta de Galicia (Plaza da Estrela) los sorteos de asignación de las viviendas.

Ayer lunes se produjeron los sorteos de las viviendas de 4 dormitorios y aquellas adaptadas para personas con mobilidad reducida. El sorteo, que dio comienzo sobre las 10h de la mañana se inició con las 12 viviendas de tres habitaciones para aquellas personas con mobilidad reducida, siguiendo a las 11h con los 81 pisos de cuatro habitaciones.
Hoy martes el turno es para el resto de viviendas de 3 habitaciones y mañana miércoles para aquellas con 2 habitaciones.

La construcción de los bloques de edificios tuvo una inversión final de 44 millones de euros. Se tratan de viviendas equipadas con cocina, construidas con las mejores calidades, materiales y acabados además de contar con la máxima calificación de eficiencia energética y ecológica gracias al aislamiento térmico de la fachada, al sistema de calefacción con suelo radiante y producción de agua caliente y al sistema de aprovechamiento da energía solar y recuperación de calor de la ventilación de las viviendas.
Con todo, los precios de las viviendas en compra-venta oscilarán entre los 43.000 y los 65.000 euros en función del número de habitaciones –de 2 a 4-  mientras que en lo que respecta al régimen de alquiluer los adjudicatarios tendrán que abonar entre 92 y 120 euros al mes, en los dos casos siguiendo la normativa establecida y teniendo en cuenta los ingresos máximos ponderados que marca la tabla del IPREM (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples).
Las viviendas podrán ser visitadas por los adjudicatarios a comienzos del mes de Junio, con lo que a la finalización de los sorteos se expondrá la lista definitiva en el tablón de anuncios de la Delegación de la Xunta indicando día y hora en que cada adjudicatario podrá visitar la vivienda que le correspondió.
Por último, en el acto del sorteo, la Xunta de Galicia le entregó a cada adjudicatario una nota informativa en la que se le comunica que el día de la visita a la vivienda se le hará entrega de la carta de adjudicación y de las instrucciones para el ingreso del I.V.A. además de provisión de fondos de notaría y registro, en el caso de viviendas en compra-venta, y de la fianza para los de alquiler. A partir de ese momento los adjudicatarios tendrán un mes de plazo, tal como establece la normativa vigente, para ingresar las cantidades correspondientes. La fecha y la hora de firma de contratos de alquiler y escrituras de compra-venta será comunicada con posterioridad para finalizar con la entrega de llaves.
La mayor parte de las viviendas adjudicadas disponen de 3 habitaciones y superficies útiles entre 79 y 81 metros cuadrados. Cumplen estas condiciones un total de 159 viviendas, a las que se suman otras 12 que, contando con las mismas 3 habitaciones, su superficie útil está entre 87 y 88 metros cuadrados, ya que éstas son viviendas adaptadas y reservadas para personas con movilidad reducida.
Con dos habitaciones (superficie entre 62 y 65 metros cuadrados) hay un total de 91 viviendas y con 4 habitaciones (entre 88 y 90 metros cuadrados de superficie útil) un total de 81 viviendas.
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CONSTRUCUATRO: AMENAZAS Y BLOQUEO

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Extraido del Diario "El País" - Carlos Martínez Buján 08/03/2010

El caso de la promotora de viviendas Construcuatro ha recobrado actualidad, debido a la reciente decisión de la Audiencia de Pontevedra de archivar la querella interpuesta por 32 compradores, que habían pagado sobreprecios ilegales en la venta de pisos de protección autonómica. El auto de la Audiencia confirma la resolución de la juez de instrucción número 2 de Vigo, que tampoco había encontrado indicios de los cuatro delitos que imputaban los denunciantes.

Había una amenaza de causar un mal por no cumplir una condición ilícita. Podría existir también un delito de blanqueo de capitales.

A la vista de los hechos que se derivan de la instrucción practicada, resulta claro que no existen tres de los cuatro delitos recogidos en la querella: la estafa, las maquinaciones para alterar los precios de las cosas y las coacciones. Por su parte, parece que tampoco concurre el cuarto, el delito contra la Hacienda pública, dado que el informe pericial revela que, si bien puede haber una infracción tributaria de defraudación, la cantidad no ingresada por la empresa y los intermediarios no superó los 120.000 euros, cifra a partir de la cual existe el delito.

Ahora bien, lo que llama la atención es que ni la juez instructora ni el fiscal ni los magistrados de la Audiencia se hayan pronunciado (aunque no figurase expresamente en la querella) sobre la posible comisión del delito de amenazas condicionales del artículo 171-1 del Código penal, que surge cuando se amenaza a una persona con causar un mal no constitutivo de delito, si ésta no cumple una condición ilícita. Y es que, en el caso de algunos compradores, había desde luego una amenaza de causar un mal (no venderles el piso al precio fijado por la Administración, inicialmente acordado) si éstos no cumplían una condición ilícita (pagar un sobreprecio ilegal y en dinero negro). La calificación indiciaria de la conducta como delito del artículo 171-1 no ofrece duda, porque además el mal con el que se amenazaba era ilícito, habida cuenta de que la promotora no tenía derecho a vender los inmuebles a un precio superior al administrativamente marcado.

Los autos judiciales se ocupan de analizar el delito de coacciones, y lo descartan, acertadamente, porque no se vio "afectada la libertad de obrar" de los compradores. No obstante, de la propia argumentación utilizada en las resoluciones judiciales para rechazar las coacciones se deducen ya los indicios de las amenazas, puesto que a los compradores se les dijo que "de no interesarles las condiciones ofertadas, no adquirirían la vivienda" y que "fue el temor a quedarse sin vivienda lo que guió la acción de los denunciantes cuando pagaron el sobreprecio". Se vulneró así el bien jurídico protegido en el delito de amenazas, que consiste en la libertad en el proceso de deliberación (fase, pues, en la que se forma la voluntad, previa a la decisión de obrar), a diferencia de lo que sucede en las coacciones, en las que el bien jurídico protegido es la libertad de obrar (cuando la voluntad ya está formada).

Y, frente a lo que cabría deducir de las resoluciones judiciales, conviene aclarar que el delito de amenazas en modo alguno desparecería por la circunstancia de que los compradores se hubiesen resignado a aceptar el sobreprecio, a la vista de los (más elevados) precios de las viviendas en el mercado libre. Es más, el hecho de que los compradores se plegasen a cumplir la condición acredita precisamente que el amenazador logró que se produjese el comportamiento que satisfacía la condición (el pago de sobreprecio), con lo cual lo que sucede es que la pena del delito de amenazas se agrava, porque se aplicaría la cualificación prevista en el citado artículo 171-1 (que el amenazador "hubiere conseguido su propósito").

Finalmente, si las consideraciones anteriores son correctas, se evidencia que tenía pleno sentido la petición de los denunciantes (denegada por la instructora) de que se citase a declarar a todos los perjudicados. Solo así se podría saber cuántas personas (incluyendo también a quienes a la postre optaron por renunciar a la compra) fueron efectivamente amenazadas, dado que habría tantos delitos de amenazas como personas amenazadas. Con todo, nada impide que éstas puedan presentar una nueva querella, en la que podría incluirse además el delito de blanqueo de dinero, que surgiría si la promotora, tras haber percibido las ganancias ilícitas, hubiese introducido el dinero en el tráfico financiero legal, puesto que este dinero tendría entonces su origen en un delito previo.

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Aprobadas las listas definitivas de las viviendas sociales

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Tras la aprobación y publicación de las listas provisionales el pasado 27 de Enero y tras muchas y sucesivas reclamaciones de aquellos demandantes de Vivienda Protegida que no fueron incluidos o que quedaron en las listas en calidad de suplentes, así como las presentaciones de documentación de aquellos adjudicatarios provisionales a los cuales le reclamaban, la Comisión Provincial de Vivienda aprobó la lista definitiva de adjudicatarios de las 343 viviendas de promoción pública construídas en el PAU de Navia. La lista se expondrá durante el período de un mes en la web del IGVS ( http://igvs.es/web/actuamos/celebracions-sorteos-rexistro-demandantes ) y en los tablones de anuncios del área provincial del IGVS en Pontevedra, del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo y del Ayuntamiento de Vigo.
Los integrantes de esta lista definitiva recibirán una notificación individual en la que se les comunicará la aprobación de la lista definitiva y la fecha de sorteo de las vivendas. Durante el período de un mes los interesados podrán presentar recurso de reposición.
En la misma reunión la Comisión Provincial de Vivienda fijó las fechas en que se realizará el sorteo de las viviendas entre sus adjudicatarios, sorteo que se realizará por un sistema de cupos que garantiza que las viviendas de mayor superficie se destinen a las familias con mayor número de miembros y las que se encuentran adaptadas para personas con movilidad reducida correspondan a las familias que tienen algún miembro en estas condiciones.
De esta manera, los sorteos, que se realizarán en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo, serán en las siguientes fechas:
  • LUNES 24 DE MAYO. Viviendas destinadas a personas con movilidad reducida y las de 4 habitaciones.
  • MARTES 25 DE MAYO. Viviendas de 3 habitaciones.
  • MIERCOLES 26 DE MAYO. Viviendas de 2 habitaciones.
La lista provisional de las viviendas de San Paio de Navia fuera aprobada por la Comisión Provincial de Vivienda el pasado 27 de Enero. En el sorteo entraron un total de 343 vivendas, ya que de las 384 construídas se deben abstraer 41 (2 para realojos de unidades familiares anteriormente residentes en la zona y que fueron afectadas por el desarrollo del plan parcial de San Paio de Navia y 39 en calidad de cesión al Ayuntamiento de Vigo en aplicación de la normativa vigente).
La mayor parte de las viviendas adjudicadas disponen de tres habitaciones y superficies útiles entre 79 y 81 metros cuadrados. Cumplen estas condiciones un total de 159 viviendas, a las que se suman otras 12 que, contando con las mismas tres habitaciones, su superficie útil está entre 87 y 88 metros cuadrados, ya que se tratan de viviendas adaptadas y reservadas para persoas con movilidad reducida.

Con dos habitaciones (superficie entre 62 y 65 metros cuadrados) hay un total de 91 viviendas y con cuatro habitaciones (entre 88 y 90 metros cuadrados de superficie útil) un total de 81 viviendas.

En esta misma página web, en el apartado correspondiente a los datos de esta promoción, se pueden encontrar tanto los planos como fotos de algunas viviendas y a continuación en formato descargable PDF el listado definitivo:

 

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REABIERTO CAUSA ADMINISTRATIVA A CONSTRUCUATRO

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Hernández reabre el expediente a Telmo Martín por sobreprecios en Vigo

El archivo judicial devuelve el caso Construcuatro a la vía administrativa

Al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, no le ha quedado otro remedio que tomar una decisión probablemente dolorosa: expedientar a su compañero de partido y amigo personal, Telmo Martín, por el presunto cobro de sobreprecios en viviendas sociales de Navia, en Vigo. Una vez confirmado el archivo de la causa judicial, al no encontrar la Audiencia Provincial de Pontevedra materia penal en el caso, la Xunta ha levantado la suspensión de la causa administrativa contra Construcuatro, que puede acabar en una multa de un millón de euros, la devolución de las comisiones ilegales y la inhabilitación para edificar vivienda protegida durante seis años.

La inmobiliaria se expone a un millón de multa y devolver las comisiones

Fue la Consellería de Vivenda, entonces dirigida por la nacionalista Teresa Táboas, la que abrió en septiembre de 2007 el expediente a Construcuatro, la inmobiliaria que pertenece en un 33% al presidente local del Partido Popular de Pontevedra. La razón era la investigación abierta por un juzgado de Vigo, basada en las denuncias de 32 compradores de viviendas que pagaron hasta 33.000 euros de más para hacerse con los pisos protegidos. Pero las propias indagaciones judiciales, que pasaron después a la Audiencia Provincial, obligaron a Vivenda a "suspender" el expediente en julio de 2008.

A pesar de que el caso fue archivado en primera instancia, el anterior Gobierno vio en la investigación judicial un respaldo a favor de aplicar la máxima sanción a Construcuatro. Esta opinión se sustenta en que el auto incluía entre los hechos probados y avalados por las pruebas practicadas el cobro de sobreprecios, aunque descarta delitos penales por considerar que no medió violencia, amenaza o engaño.

También el auto que dictó posteriormente la Audiencia Provincial constató que, aunque los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, sí aparecían en los libros de contabilidad y facturas de la constructora. Sin embargo, la resolución reza: "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". Y descarta "cualquier tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal".

Pero las consideraciones de tipo penal tendrán poca relevancia en el expediente administrativo, que se basa en si hubo o no sobreprecios, tal y como se desprende de la investigación judicial. Así, el informe policial encargado por el juzgado de instrucción señala que, de las conversaciones grabadas, "se deduce claramente que esa cantidad de dinero negro sería repartida entre el intermediario, José García Tilve, y Construcuatro, de manera que la empresa se llevaría unos 20.000 euros por la venta de cada piso". Esa cantidad, sumada a lo recabado por el intermediario, supondría un 20% del total del precio oficial de los pisos de Construcuatro en Navia, ubicados en el número 25 de la calle Teixugueiras.

De concretarse las propuestas de sanciones, no sería la primera vez que la Administración autonómica multa a una inmobiliaria y le impide construir vivienda protegida. Ocurrió con la sociedad Vigolar, que también cobró sobreprecios en el mismo polígono vigués de Navia.

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