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Martes, 23 Enero 2018

192 VIVIENDAS MÁS TRAS RECIBIR ED.CHAO LA LICENCIA DE 1º OCUPACION

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El polígono residencial de Navia continúa creciendo. En unos días habrá más vecinos. La Concejalía de Urbanismo ha concedido la licencia de primera ocupación a la Sociedad Cooperativa Galega Eduardo Chao, la entidad creada por la federación vecinal de Vigo para promover un edificio de doce plantas con 192 viviendas en el número 29 de la calle Teixugueiras. El inmueble se une así a los dos bloques con 384 pisos promovidos por el Instituto Galego de Vivenda, y al que gestionó el sindicato UGT, con 144 más. Ambos recibieron la licencia el 11 y el 5 de noviembre pasados respectivamente.
La macrourbanización de Navia, iniciada hace una década, suma ya 4.000 viviendas construidas. Para cuando estén todas habitadas la previsión es que vivan más de 15.000 personas, lo que colocará el polígono residencial, en número de habitantes, por encima de 47 de los 62 municipios de la provincia.
El edificio de la federación vecinal tiene cuatro portales para uso comercial, entreplanta de oficinas, y doce alturas, según los datos de Urbanismo, y ocupa más de 33.000 metros cuadrados de superficie.
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LA XUNTA ENTREGARA LAS VIVIENDAS SOCIALES LA SEMANA QUE VIENE

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El consellerio de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, visitó en el día de ayer las 384 viviendas de promoción pública ya terminadas en la parcela XVII de San Paio de Navia, de las que 343 serán entregadas la próxima semana a sus adjudicatarios. En la visita también estuvieron presentes el Director General del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Antonio Boné Pina, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Lucía Molares.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) afirma que invirtió más de 50 millones de euros en la construcción de estas viviendas cuya tramitación, según recordó Hernández, fue iniciada en el año 2004 por el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, siendo conselleiro de Política Territorial. También admitió "un cierto retraso" en la construcción y entrega de estos pisos, aunque agradeció al departamento del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en Pontevedra "su tremendo esfuerzo" en un proceso de tramitación "largo y complicado".
Aparte de los últimos imprevistos provocados por la denegación de hipotecas a medio centenar de adjudicatarios con régimen de compra, después del sorteo de los inmuebles –en julio de 2009– los técnicos de Vivenda tuvieron que revisar toda la documentación de los agraciados para comprobar que cumplían los requisitos. Un gran porcentaje de los agraciados no reunía las condiciones y se recurrió a la lista de espera. El sorteo se realizó según la normativa del registro de demandantes diseñado por el bipartito.

Así, los adjudicatarios de los 343 pisos al fin tienen una fecha concreta para poder habitar sus ansiadas viviendas (178 de alquiler y 165 de compra tras numerosos cambios a régimen de arrendamiento) tras dos años de retraso –el bipartito había anunciado que la obra concluiría en octubre de 2008 y cuando el PP llegó a la Xunta fijó la nueva fecha de finalización para diciembre de 2009–, la firma de escrituras y contratos y la entrega de llaves a los adjudicatarios está prevista para los días 25, 26, 29 y 30 de Noviembre.
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SOLO PENDIENTES DE LOS EXPEDIENTES DE LA XUNTA

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Después de que la Xunta de Galicia anunciara la finalización de las obras de construcción de los edificios que albergarán a 343 viviendas el pasado mes de Junio muchas son las familias que han estado esperando desde esa fecha a que se les fueran entregadas sus viviendas. Problemas con los expedientes, cambios de régimen de compra a alquiler en muchos casos, lentitud en el estudio de los datos económicos para la concesión de las hipotecas, falta de sincronización entre la Xunta y la entidad bancaria que se está encargando de las hipotecas, etc... están haciendo que el retraso se vaya acumulando y la paciencia de los vecinos se acabe.

A través de los foros de esta web fueron muchos los que comenzaron a especular con algún tipo de protesta o manifestación para solventar el problema del silencio que las administraciones estaba manteniendo. "No tenemos información" decían. De ahí que el malestar de muchos vecinos saliera a la luz pública a través de los medios de comunicación. Al final de esta noticia podrá verse lo que la TVG emitió el pasado día 27 de Octubre en el "Telexornal Noite". Ese fue el desencadenante de todos los acontecimientos que en estos últimos días se están produciendo acerca de este tema y que hacen acelerar el proceso.

Al día siguiente de la aparición en la TVG de la noticia, la Delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Lucía Molares, convocó a una representación de los adquirientes para una reunión en sus dependencias para explicarles la situación del porqué la entrega se estaba retrasando. Lucía Molares explicó que actualmente se está remitiendo documentación para la redacción de las escrituras y contratos a las notarías viguesas que se van encargar de este trámite, una vez que el Colegio de Notarios decidió el reparto del trabajo. El IGVS lamentó los retrasos en la entrega de estas viviendas, pero mantuvo que se trata de una situación ajena a su voluntad, ya que según ella hacía meses se habían iniciado los trámites para solicitar al Ayuntamiento de Vigo la licencia de primera ocupación, licencia imprescindible para poder contratar los servicios necesarios de una vivienda (luz, agua, gas, ...). Es decir, el problema ahora mismo está en el Ayuntamiento de Vigo al no conceder esas licencias. Y además, Lucía Molares se comprometió personalmente a aportar una fecha límite para que pudieran ocupar sus viviendas: 30 de Noviembre.

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Propuesta de sanción para Construcuatro

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La Xunta ha emitido una "propuesta de sanción" para la constructora Construcuatro al considerar probado el sobreprecio cobrado a compradores de vivienda protegida en un edificio del barrio vigués de Navia, según ha informado el abogado de los afectados, Antonio Salceda.

El letrado ha indicado que la resolución señala el abono de una multa de 2.470.002,02 euros (equivalente al doble de los sobreprecios) y la devolución, a los propietarios de los pisos, de 1.235.000,01 euros correspondientes a los citados sobreprecios, lo que hace un total de 3.705.002,03 euros.

En una rueda de prensa, Antonio Salceda ha explicado que la Xunta, basándose en un informe de un perito de Hacienda realizado durante el proceso judicial que en su día se abrió por este caso --por la vía penal, y que quedó finalmente archivado, si bien se estimó probado el sobreprecio--, ha considerado ratificado que se cobró "sobreprecio" en un total de 62 viviendas y que hubo otras 25 en las que no se cobraron estas cantidades adicionales. "Yo, personalmente, creo que puede haber más de 62 viviendas con sobreprecios", ha apuntado el letrado, quien estima que estas personas no denunciaron por posibles "miedos o presiones".

Salceda ha afirmado además que será Construcuatro la que tenga que abonar las cantidades, si bien ha explicado que la resolución de la Xunta --que aseguró haber recibido el jueves-- indica, además, que los socios de la empresa José Manuel Torres García y Eugenio Sobral Fernández son "responsables solidarios" --no cita al otro socio, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra, Telmo Martín--. De esta forma, ha explicado que, de ser necesario, estas dos personas responderían con sus propios bienes, de forma que "se asegura un poco más el cobro" de la devolución de los sobreprecios por parte de los perjudicados.

Además de hacerse una propuesta del abono de las citadas cantidades --las normativas indican que la sanción en estos casos ha de ser al menos el doble del sobreprecio--, la resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, plantea una prohibición por un periodo de 6 años de efectuar promociones de vivienda protegida tanto a Construcuatro como a Torres y Sobral. Por otra parte, se archiva el caso al respecto de las inmobiliarias Silva y Veiga.

Proceso
El abogado de los afectados ha recordado el proceso seguido hasta llegar a la propuesta de la Xunta e indicó que, una vez que se archivó el caso por la vía penal, se entregó el 11 de enero de 2010 una documentación a la consellería y se acordó retomar el expediente administrativo sobre este caso --ya que había quedado paralizado al abrirse la vía judicial--.

Así, ha destacado que el proceso judicial ha sido muy importante ahora para la vía administrativa, puesto que la resolución donde la Xunta hace su propuesta de sanción se basa en la documentación realizada por un perito de Hacienda sobre las distintas cantidades adicionales que habían sido pagadas por los propietarios de las viviendas y que confeccionó partiendo de que Construcuatro, en su momento, y para "evitar un delito fiscal", había realizado una declaración complementaria declarando ingresos en unas cantidades que "se correspondían prácticamente" con los sobreprecios denunciados.

Asimismo, el letrado indica que en el documento que recibió el jueves de la Xunta se dice que "es injustificable" que se hayan cobrado cantidades adicionales de sobreprecios alegando que se hayan confeccionado mejoras en los pisos, ya que éstas "no existen" y, además, las citadas mejoras tendrían que haber afectado a todos los vecinos y no a unos sí y a otros no.

Alegaciones
A partir de ahora, según explica el letrado --que representa a vecinos que denunciaron, los primeros en 2006, sobreprecios por cantidades de hasta 35.000 euros--, una vez recibida esta propuesta de sanción, las partes disponen de un plazo de 15 días para realizar sus alegaciones, con vistas a la posterior emisión de la resolución firme.

En este sentido, en lo que respecta a la parte de afectados, explica que en primer lugar se consultará y analizará la totalidad de documentación sobre el expediente y, además, se comprobarán las cantidades de sobreprecio, puesto que es probable que existan diferencias entre la propuesta y lo que demandan los afectados. Así, se realizarán las alegaciones y "en cuestión de meses" el expediente de la Xunta alcanzará el carácter definitivo, con posibles variaciones a raíz de lo que aleguen las partes.

No obstante, ha recordado que cuando la resolución de la Xunta sea firme queda la posibilidad de que Construcuatro acuda a la vía contencioso-administrativa para recurrir la decisión. De darse esta posibilidad, el abono de las cantidades a los afectados quedaría paralizado hasta que hubiese sentencia, lo que podría suponer, según sus cálculos, un plazo de unos 3 años.

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URBANISMO INSTA A LA XUNTA A MODIFICAR EL PLAN PARCIAL DE NAVIA PARA CONSTRUIR 1.180 NUEVAS VIVIENDAS

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No se ha movido papel. Al menos esa es la opinión del concejal de Urbanismo, José Mariño, con respecto a la modificación que la Xunta debe de hacer en el polígono residencial de Navia para desarrollar las fases que quedan por acometer. Más de mil pisos restan aún por construir. Mariño cargó contra los responsables del Instituto Galego de Vivenda e Solo al señalar que "desde hace un año no han empezado a realizar las modificaciones que habíamos acordado".
Se trata de las últimas fases del polígono de Navia, para cuya realización es necesario que se lleve a cabo una modificación del plan inicial, al variar la tipología y la distribución de los edificios. Los terrenos están situados "al fondo" de la urbanización.
"Deben apresurarse con los ámbitos que quedan por desarrollar", manifestó Mariño, tras poner de manifiesto que "hace un año nos reunimos, hablamos de que se debía iniciar esa modificación cuanto antes; ha pasado el tiempo y el Instituto Galego ni siquiera ha empezado con el proceso".
El desarrollo urbanístico del plan de Navia corresponde a la Xunta, en lo que se refiere a la adjudicación de las parcelas para la construcción de los edificios y en la urbanización de viales, antes de ceder estos al Concello para su gestión y mantenimiento posterior. En total queda suelo para la construcción de 1.180 viviendas, entre unifamiliares y edificios para pisos.
La Xunta, a través de su delegación en Vigo no tardó en contestar a las manifestaciones del concejal y desmintió que no se hubiese hecho nada hasta ahora. Así, señaló que se produjeron ya reuniones sobre el modificado del proyecto, "la última de las cuales se desarrolló el pasado día 3 de este mes". Pero fue más lejos al indicar que "hoy mismo habrá otra reunión entre el propio concejal y el director del Instituto Galego do Solo".
Ante esta circunstancia, la Xunta considera las declaraciones realizadas por el concejal de Urbanismo como "una deslealtad institucional".
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