LA POLICIA NACIONAL DESALOJA A LOS OCUPANTES ILEGALES

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Creado en Martes, 15 Noviembre 2005 09:47

Las familias se enfrentaron verbalmente a los responsables de la Xunta y aseguraron que volverán.
La casa y las chabolas instaladas en la parcela, en las que vivían 33 personas, fueron derribadas.
La Policía Nacional desalojó ayer a las familias que ocupaban ilegalmente una parcela del polígono de Navia en la que está previsto construir un edificio de 48 viviendas. El delegado de la Consellería de Vivienda se presentó en la finca, acompañado de unos 30 agentes antidisturbios, con un auto judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que se ordenaba la demolición de la casa y las chabolas instaladas en el lugar. Tras un enfrentamiento dialéctico con los responsables de la Xunta y los policías, los ocupantes que se encontraban allí en ese momento, unas 15 personas, recogieron sus enseres y accedieron a abandonar la finca, no sin antes advertir de que volverán. Las excavadoras, sin embargo, derribaron durante la mañana las construcciones levantadas en el terreno, de unos 1.000 metros cuadrados de superficie.
Con esta acción, derivada de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se puso fin a 22 años de ocupación, según el Secretariado Gitano, o cinco, según fuentes de la Consellería de Vivenda de la Xunta. "Estas familias han abusado de la buena voluntad de la Administración, que les ofreció una generosa solución en su día que rechazaron", afirmó el delegado de Vivienda, Eudosio Álvarez, en referencia a que hace tres años se ofertó a los ocupantes la posibilidad de reubicarse en O Calvario a pesar de que carecían de títulos de propiedad de la parcela de Navia. El delegado recibirá hoy a representantes del colectivo gitano -etnia a la que pertenecen las familias-, aunque ya adelantó que "poco se puede hacer, ya que carecen de cualquier derecho de posesión y le consta que este clan tiene patrimonio".
El subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, señaló que las personas que se encontraban en la finca "opusieron cierta resistencia", y afirmó que "se mantendrá la vigilancia policial para garantizar que no hay vuelta atrás".
Una solución «irregular»
La anterior Administración firmó un convenio con este clan para agilizar su marcha, en el que le ofreció el realojo en pisos de promoción pública o viviendas de alquiler. Pero el colectivo rechazó este pacto y exigió viviendas unifamiliares. La nueva Xunta considera aquel acuerdo «de dudosa legalidad», ya que eran okupas y no propietarios.
En la parcela vivían 33 personas, 18 de ellas menores de edad. El patriarca de la familia, José Coutau Jiménez, denunció la acción policial. "No hay derecho a lo que se ha hecho con mi familia", manifestó. Según indicó, las cinco familias reclamaron casas bajas y no pisos, como se les ofrecía, debido al negocio de la chatarra al que se dedican.
Nuevas viviendas
La Xunta procederá a adjudicar ahora la construcción del último lote de viviendas en las parcelas ya urbanizadas, unas 1.000, de las que 384 serán de promoción pública y las ejecutará directamente la consellería. "Para las restantes ya hay una gran demanda y se están formando cooperativas para lanzar ofertas", manifestó al respecto Álvarez. Posteriormente quedará por ejecutar la tercera fase del polígono, lo que permitirá completar las más de 4.000 viviendas de la urbanización.