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En Vigo, el gobierno municipal del PP anunció una actuación similar a la que ahora quiere poner en marcha la Diputación a finales del 2005, sin que llegase a prosperar.
La iniciativa, presentada ayer por el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y los vicepresidentes, Corina Porro, y José Manuel Figueroa, incluye la que sería la primera piscina olímpica de Vigo de cincuenta metros por veinticinco y con capacidad para 750 personas, lo que le permitiría acoger competiciones nacionales e internacionales. El pabellón de deportes tampoco se quedaría corto en cuanto a capacidad, 3.320 metros cuadrados para unas 2.500 personas y salas para todo tipo de deportes.
En concreto, la zona de ocio y deporte contemplaría pistas recreativas de pádel, tenis, fútbol siete, gimnasio, sala de fitness y entrenamiento cardiovascular, así como aula para actividades deportivas. No menos completa sería el área de agua, en la que además de la instalación olímpica, figuraría otra piscina de enseñanza y una infantil. El ocio se completaría con tratamientos, spa, y sauna. Para los más pequeños se proyectarían dos parques infantiles, uno al aire libre y otro cubierto, además de un servicio de guardería ligado al área de ocio y deporte y a la cafetería con zona lúdica exterior.
Para dar servicio al público que se acerque en vehículo hasta las instalaciones de Navia están previstas trescientas plazas en un aparcamiento soterrado.
El proyecto trata de cubrir las carencias de Vigo en todo lo relacionado con el deporte y el ocio.
El hecho de pensar en Navia se debe sobre todo a la existencia de un espacio contemplado en el nuevo Plan Xeral de Urbanismo y al crecimiento poblacional experimentado en esa zona de la ciudad.
Varios compradores habían denunciado a la constructora.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo ha decidido archivar la demanda contra Construcuatro, empresa de la que es socio el presidente y portavoz del PP de Pontevedra Telmo Martín, por sobreprecios en la venta de viviendas protegidas en el número 25 de la calle Teixugueiras, en Navia. No aprecia "engaño suficiente que obligase a los adquirentes, sino que resulta un contrato concertado sobre un bien inmueble que hasta la fecha ninguno de los compradores ha querido rescindir". La juez estima así la petición realizada por la defensa y por la fiscalía en este caso.
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El procedimiento se inició tras la denuncia, en el juzgado de guardia en diciembre de 2006, contra la empresa Construcuatro por un grupo de adquirentes de pisos con la calificación de Viviendas de Protección Autonómica de Precio Tasado y que entregaron a mayores cantidades que oscilaron entre 9.000 y casi 31.000 euros en concepto de "mejoras". Esas cantidades no constaban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa pero sí en los libros de contabilidad y facturas de la constructora.
Se hace también referencia a entregas de entre 8.000 y 15.000 euros que niegan los demandados y que la juez considera "indiscutibles pues constan en las grabaciones autorizadas por el juzgado y el seguimiento policial con reseña del dinero a entregar".
Los demandantes acusaban a los responsables de la constructora de delitos de estafa, fiscal, coacciones y maquinación para alterar el precio de las cosas, aunque para la juez "no concluye conducta alguna de relevancia penal".
En el auto se pone de manifiesto también que según los informes periciales aportados por la defensa, las modificaciones y mejoras en las viviendas se llevaron a cabo, lo que fue negado por la acusación particular, manifestando incluso deficiencias, en la construcción.
El portavoz Guillermo Vivero explicó ayer que se habían quejado de la lenta marcha del caso, que denunciaron en diciembre del 2006. Argumentan que la Justicia no ha efectuado todas las diligencias que pidieron para investigar las presuntas irregularidades en el cobro de sobreprecios que la red de intermediarios justificaba como el coste de los arreglos.
El Poder Judicial les dio una respuesta «light». El alto órgano no vio anomalías y consideró que, a juzgar por el voluminoso expediente, el plazo de tiempo era razonable. «Lo que no tienen en cuenta es que ese expediente no es fruto de las actuaciones judiciales sino que esas gestiones y la búsqueda de pruebas fueron realizadas a petición nuestra. Nos duele la indolencia con que nos tratan», dice. Vivero añadió que la Justicia «no ha querido investigar lo suficiente» porque, por ejemplo, no citó a declarar al alto cargo de la promotora, el político popular Telmo Martín, o tampoco computó en el caso los tres millones de euros que la firma abonó a la Agencia Tributaria a posteriori, en una práctica perfectamente legal conocida como declaración complementaria.
La investigación está prácticamente concluida y el juzgado de Instrucción número 2 da por cerrado el caso. Ahora, la jueza debe decidir si archiva el caso o si cursa la vía penal. «Queremos ir a juicio y si los promotores perpetraron un delito que nos paguen», dijo Vivero ayer en Navia.
Advierte que los dueños de los pisos «también estamos en crisis y la sufrimos más».
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