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La consellería pacta con la empresa, que reclamó 6,6 millones, pagarle "los gastos que justifique".
El conflicto entre la Xunta y la empresa constructora de las 384 viviendas sociales del polígono de Navia por el sobrecoste de las obras parece arreglarse. El conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, anunció ayer que ya hay un acuerdo con la empresa, que reclamó 6,6 millones más, y aseguró que los pisos se entregarán a sus dueños en enero. El departamento pagará a la firma "lo que justifique a mayores del presupuesto de adjudicación, y se hará un control permanente". El contrato público se rubricó por 35 millones de euros. En el caso del parque del área residencial, también afectado por un desfase que la adjudicataria de esta obra cifra en tres millones, las diferencias siguen sin resolverse, pero Hernández asegura que este mismo mes quedarán solventadas.
"Tenemos un incremento heredado del gobierno anterior, pero el acuerdo sobre las viviendas está cerrado. El compromiso es acabar en enero y entregarlas de inmediato", explicó Hernández en su primera visita oficial a Vigo, para comprobar el estado de las obras de humanización de las avenidas de Castrelos y A Florida. El consenso sobre la zona verde resulta más complicado, ya que la suma que pide la empresa está muy por encima del porcentaje que admite la Ley de Contratos Públicos. Los tres millones suponen una subida del 80% respecto a los 4,9 en que se adjudicó la obra. La consellería, manifiestan sus portavoces, "seguirá el mismo procedimiento de pagar los gastos a mayores que se justifiquen, siempre dentro del límite que marca la ley". Hernández expuso que "habrá que identificar lo que se debe", y advirtió de que "se estudiará quién autorizó una primera modificación presupuestaria". El conselleiro se refería a que el gobierno autonómico anterior aprobó, según señala el departamento, un incremento de 847.000 euros en diciembre.
Los beneficiarios del sorteo de las 384 viviendas esperan desde julio para ocupar sus pisos. Las obras acumularán un retraso de un año, ya que el calendario inicial fijaba su finalización para diciembre de 2008.
El Concello vigués planea un golpe de efecto para final de mandato en materia de instalaciones deportivas. Con dos centros acuáticos en avanzada fase de construcción, que entrarán en servicio de manera escalonada a lo largo de 2010, está buscando la fórmula para que Vigo cuente por fin con la deseada piscina de dimensiones olímpicas, que sería la primera de la ciudad y cuya ubicación será Navia.
Enmarcado dentro de la 2ª fase de la parcela de usos deportivos, la piscina, junto a otras pequeñas instalaciones exteriores dejarán a Navia en la vanguardia de instalaciones deportivas de la ciudad y completarán la parcela que ahora mismo se encuentra en obras de la 1ª fase (campo de futbol de hierba artificial y pabellón cubierto multiusos).
Tenencia de Alcaldía y Deportes, áreas ambas en manos del Bloque, pretende resolver todos los trámites, incluida la redacción del proyecto y adjudicación de las obras, a lo largo del año próximo. De esta forma los trabajos efectivos darían comienzo de inmediato y se llegaría a 2011 con las obras en marcha.
Las obras del nuevo templo, en el polígono, se paralizarían en tres o cuatro meses si no hay dinero.
El cura de San Paio, Alfredo Jorge, muestra los avances del centro pastoral Juan Pablo II, en el polígono de Navia.
La construcción de la nueva iglesia de San Paio de Navia, que se construye en el polígono, peligra por la falta de fondos necesarios para finalizar la obra. El párroco de San Paio, Alfredo Jorge Carrera, es consciente de que en cuatro o cinco meses las obras podrían paralizarse si no se encuentra el dinero necesario y para evitar esto ha puesto en marcha todas las alternativas posibles, desde pedir el apoyo del obispado hasta ir ‘casa por casa’ para pedir el apoyo de los vecinos.
El que será el Centro Pastoral Juan Pablo II se construye en una de las parcelas reservadas para usos dotacionales, al lado del futuro parque del Pau de Navia y pegada al centro de salud. La obra, con una superficie construida de 4.500 metros cuadrados en una parcela de 2.500 metros cuadrados cuenta con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros, de los cuales se aportaron ya la mitad. El problema es que la obra podría interrumpirse en el plazo de cuatro o cinco meses por falta de financiación ya que, como explica Alfredo Jorge, ‘no tenemos más dinero’.
La consellería asegura que no hay documentación escrita sobre el aumento del coste ni sobre los cambios experimentados en el proyecto durante el anterior mandato.
Los técnicos de la Consellería de Vivenda estudian los términos legales por los que se podrán exigir responsabilidades a la anterior Xunta por el desfase detectado en la construcción de la zona verde de la urbanización de Navia.
La decisión del departamento que dirige Agustín Hernández se basa en los informes aportados por Xestur, según los cuales no consta documentación escrita alguna sobre la autorización del aumento del coste de las obras ni sobre los cambios experimentados en el proyecto con respecto al que sirvió de base para la adjudicación. Un aumento de presupuesto que ha sido cifrado por los técnicos de la consellería en un 80 por ciento sobre el precio de la mencionada adjudicación.
Las obras de la zona verde de Navia fueron adjudicadas por la anterior consellería en el año 2007, por un importe de 4,9 millones de euros. Esa cantidad suponía una baja con respecto al precio de licitación de un 21,2 por ciento. Con posterioridad se autorizó un reformado de 800.000 euros. Ahora, la empresa reclama un nuevo modificado por un importe de casi 3 millones de euros, por las obras realizadas a mayores.
Fuentes de la consellería indicaron que "la empresa constructora no ha podido presentar aún ninguna documentación que avale la autorización de ese sobrecoste ni tampoco de los cambios de diseño operados en el proyecto que fueron aprobados por el anterior bipartito". Las modificaciones no fueron aprobadas, según la consellería, ni por Xestur Pontevedra ni por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, ya que en ninguno de los dos organismos consta documentación alguna al respecto.
Por ese motivo, y una vez reciba los papeles de la empresa, Vivenda los analizará y pedirá responsabilidades a "los agentes que intervinieron en el proceso", según el mismo portavoz. Mientras, las obras no podrán concluir.