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24-01-2024 - Proyectos
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27-10-2023 - Urbanismo, promotores y cooperativas
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05-10-2023 - Servicios públicos
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En las próximas semanas la calle Teixugueiras contará con nuevos pasos de peatones.
- Con la solicitud de inscripción habrá que presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para acceder a una vivienda protegida, mientras el anterior registro sólo esigía el DNI.
- Los inscritos en el anterior registro tendrán un plazo de cuatro meses para adaptar su inscripción entregando la documentación necesaria.
- El nuevo registro permitirá reducir notablemente el tiempo de adjudicación de las viviendas protegidas, por lo que en 18 meses los beneficiarios terminarán los trámites para obtener una vivienda protegida.
A partir de hoy viernes 22 comenzará a funcionar el nuevo Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, una vez que el Diario Oficial de Galicia publicaba ayer el decreto por el que se regula.
Para inscribirse en el registro será necesario acreditar previamente que se cumplen los requisitos para el acceso a las viviendas protegidas. Con tal fin, los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos o firmar la autorización para la consulta telemática de los mismos por parte de la administración en los casos en que sea posible:
- Copia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar (matrimonios con o sin hijos, parejas de hecho inscritas en el correspondiente registro...)
- Última declaración de la renta. En caso de no estar obligados a su presentación, declaración jurada y justificación de ingresos.
- Certificación de ámbito nacional del registro de la propiedad que acredite que ningún solicitante es propietario de una vivienda (exentos casos coma los de divorciados o separados que fueron privados de la vivenda por adjudicarla el juez al cónyuge).
- Acreditación, de ser el caso, de la existencia de personas dependientes al cargo, discapacitados, víctimas de violencia de género o de terrorismo, o de la separación o divorcio.
Sólo se inscribirán en el registro de demandantes los solicitantes que cumplan los requisitos para acceder a las viviendas protegidas, evitando de esta manera las distorsiones que se producían hasta ahora, en que bastaba con el DNI para inscribirse y sólo se acreditaban las circunstancias familiares después de ser elegido en el sorteo. La realidad demuestra que un importante porcentaje de inscritos en el Registro hasta ahora no cumplían los requisitos, lo que implicaba alargar durante años el proceso de selección de adjudicatarios de viviendas desde el momento en que lo solicitaba el promotor hasta el momento en que se vendía la última vivienda.
Los actualmente inscritos en el registro de demandantes, y quien tuviera solicitada la inscripción con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo registro, dispondrán de un plazo de cuatro meses para adecuar su inscripción o causarán baja en caso de no hacerlo. Deberán presentar la documentación acreditativa de que cumplen los requisitos para el acceso a viviendas protegidas, ya que en el anterior registro no era preciso más que el DNI para inscribirse.
Los profesores y alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático inauguraron su nuevo edificio en Navia después de cuatro años utilizando otros centros educativos.
Las flamantes aulas de Arte Dramático comienzan a rezumar vida. El arranque oficial de las clases en la escuela de Navia se consumó ayer entre cajas de mudanza y las lógicas incidencias en un edificio que acaba de echar a andar como cortes de luz o interrupciones en la calefacción. Sus 124 alumnos dedicaron la jornada a ponerse al día sobre la ubicación de las nuevas instalaciones y con sus compañeros, pues muchos se veían las caras por primera vez después de varios años repartidos en tres sedes diferentes.
Un estreno entre cajas de mudanza, operaciones de limpieza, cortes de luz y calefacción intermitente. Con inconvenientes de este tipo y mucha ilusión, los alumnos de Arte Dramático asistieron ayer a sus primeras clases en la escuela de Navia. Llevaban cuatro años de prestado. Repartidos en distintos puntos de la ciudad. La Escuela Superior de Arte Dramático de Vigo era nómada. La mitad de los alumnos estaban en Bouzas y la otra mitad se repartían entre los centros Virxe do Rocío y Coia. Ni los alumnos de unos cursos conocían a los de otros ni los profesores se veían mucho las caras. La escuela tiene vocación de abrir sus puertas a la ciudad y convocarla a actuaciones, pero no podía. Están contentos en su nueva ubicación, pero no se olvidan de recordar a la Xunta que necesitan "con urgencia" personal para la biblioteca, de cuyos fondos no pueden hacer uso, y reclaman el comienzo de la última fase del proyecto, donde se incluye el teatro y otro bloque para aulas.
¿Se van a hacer realmente? Si ya tardamos con ésta lo que tardamos...", se preguntaba ayer Fran Lareu, presidente de la recién creada asociación de alumnos y estudiante de segundo de Interpretación."Nos llevan negando todo el año un técnico para la biblioteca que nos corresponde por ley. Tenemos unos fondos estupendos, pero no podemos utilizarlo y en Vigo no hay otro centro con material especializado como el que nosotros necesitamos", critica Eva Souto, su compañera de curso y también en la asociación Eva Souto.
Aclaradas las reivindicaciones, los estudiantes también valoraron sus nuevas aulas. "Algunas están mejor, pero otras, como las de música y canto, son más reducidas que en el IES de Bouzas. Lo importante es que por fin estamos todos juntos como en cualquier facultad y a partir de ahora habrá más interacción", destacaba Machi Salgado, de tercero de Interpretación.
A diferencia de los universitarios al uso, los estudiantes de Arte Dramático trabajan mucho con su cuerpo y el nuevo edificio no resulta, por el momento, demasiado acogedor. "El suelo todavía está frío", comentaba Catuxa García, de primero de Interpretación. Estrenó la escuela con una clase de danza en la que tuvieron que echar mano de la imaginación: "Se fue la luz y acabamos cantando para tener música".
Los que más han notado el cambio son los estudiantes ubicados en los colegios de Coia Virxe do Rocío y Cristo de la Victoria. "Allí teníamos mucho frío y ahora tendremos más medios", celebraban Iván Rodríguez, Rocío Leal y Montse Piñeiro mientras recorrían la escuela cargados con abundante material y hasta un carrito de la compra. "Es lo habitual. Somos estudiantes de Escenografía y el oficio lo requiere", explicaban.
Aún están en primero, así que asistirán a la evolución de la escuela, pero los alumnos de último curso disfrutarán del nuevo centro poco tiempo. "Sólo tenemos cuatro meses para mancharla un poco", bromeaba Marcos Grande, de Dirección de Escena. "El edificio es muy bonito y las salas negras están muy bien. Ahora ya no escuchamos las voces o los pasos de las otras clases", aplaudía.
"Ahora falta darle el contenido a todo esto", apuntaba su compañera de clase Vanesa Martínez, mientras Eva Freixeira buscaba sin éxito una papelera y también echaba en falta las vistas de Bouzas. "Ya no veremos el mar", lamentaba. ¿Se notarán las nuevas instalaciones en el expediente? Marcos respondía sin vacilar: "Ya son inmejorables".
Ahora esperan que siga en marcha la idea de dotar a Vigo de un auténtico campus escénico. Ese proyecto de la Xunta contempla la ampliación de las instalaciones construyendo otros dos edificios. Uno sería un teatro con talleres de escenografía y todo aquello que está relacionado con él para aprender, mientras el otro sería un segundo aulario. Si se completa, será un centro de referencia para toda España.
No entienden que la Audiencia Provincial haya archivado la causa contra Construcuatro por los supuestos sobreprecios en la venta de viviendas protegidas en el PAU de Navia. Pero no se rendirán. Los afectados por este caso ya han enviado al Instituto Galego de Vivenda e Solo (dependiente de la Xunta) más de mil folios de documentación y un escrito en el que le solicitan que reabra el expediente a la constructora que en su día paralizó al iniciarse el proceso judicial. Los vecinos no pueden recurrir por la vía penal, por lo que han decidido acudir a la administrativa, según señala el abogado que los representa.
Guillermo Vivero, portavoz de los afectados, considera que la Justicia "no funciona". "Ha fallado, está claro que el pez grande se come al pequeño", añadió. Guillermo quiere dejar claro que tanto él como otra persona afectada por los supuestos sobreprecios acudieron a los juzgados "antes de pagar el dinero". Este vigués señala que en los argumentos del último auto de la Audiencia "da la sensación de que nos han investigado a nosotros en lugar de a la empresa".
El abogado de los vecinos asegura que las cuantías que Construcuatro supuestamente ingresó a mayores "ascienden a una cantidad del orden de 1,4 millones de euros". "La propia constructora reconoció que había cobrado sobreprecios en el juzgado. ¿Cómo no va a haber un delito aparente?", se pregunta el representante legal de los afectados, quienes afirman que han sido "engañados, estafados y coaccionados".
Los afectados confían en que el IGVS "haga su trabajo" e imponga una sanción a Construcuatro, una multa económica que podría alcanzar el millón de euros de llegarse a ordenar. "La Audiencia considera que no hubo suficiente engaño. ¿Cómo se mide el engaño? Nosotros sólo queríamos acceder a una vivienda. El mundo está al revés", finaliza Guillermo Vivero.
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado el archivo de la causa contra Construcuatro por los supuestos sobreprecios en la venta de viviendas protegidas en la calle Teixugueiras del polígono de Navia. El auto ratifica íntegramente el dictado en noviembre de 2008 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, cuya titular constató que hubo cantidades entregadas a mayores, pero no vio “engaño suficiente” que obligase a los afectados a comprar el inmueble, remitiendo el caso a la vía administrativa.
El auto que acaba de dictar la Sección Quinta de la Audiencia Provincial desestima la petición realizada por el abogado de los afectados y atiende a la que plantearon tanto la defensa como la Fiscalía, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Igual que la magistrada de Instrucción, la Audiencia entiende que el proceder de la constructora no es constitutivo de delito, por lo que ratifica el sobreseimiento de un caso que se inició en diciembre de 2006 y que no estuvo exento de polémica por las constantes denuncias de los afectados por la “lentitud” con la aseguraban que se tramitaron las diligencias. La denuncia fue realizada en el juzgado de guardia por un grupo de 32 compradores de pisos con la calificación de Viviendas de Protección Autonómica de Precio Tasado, quienes entregaron a mayores cantidades que oscilaron entre los 9.000 y casi 31.000 euros en concepto de “mejoras”. Estas cantidades no constaban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad y facturas de la constructora de la que es socio el portavoz del Partido Popular de Pontevedra Telmo Martín.
Delitos
Los demandantes acusaban a los responsables de la constructora de delitos de estafa fiscal, coacciones y maquinación para alterar el precio de las cosas, pero para la titular del Juzgado de Instrucción número 2 y para la Audiencia Provincial de Pontevedra, de lo investigado no se desprende que Construcuatro incurriese en “conducta alguna de relevancia penal”.
Y esto es así porque, tal y como se señalaba en el auto ahora confirmado, “todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las citadas viviendas y a ese precio, tal y como estaba en el mercado”. En este sentido, los tribunales descartan la existencia “de cualquier tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal”. Además, se incide en que los compradores no desconocían el precio real de venta de los inmuebles ya que, con anterioridad de comparecer a firmar una compraventa privada, disponían de esta información.
Los afectados se concentraron en diversas ocasiones para exigir que se agilizara el procedimiento judicial, al considerar que la resolución se estaba demorando en exceso. La demanda tardó en instruirse casi dos años y en una primera fase las actuaciones fueron secretas. Los demandantes reclamaban la devolución de más de 832.000 euros e insistieron en todo momento en que la empresa les “obligó y coaccionó” a pagar los sobreprecios en el polígono, un criterio que finalmente no han compartido los tribunales.